España: ciudadanos digitales bajo la lupa


Mehler, 12/11/2007 (12:53).

La Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses, carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.

España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.

La ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Más información en el artículo de opinión de Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que publica El País.Artículo publicado por El País.

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