Telefónica pide privilegios; llegó la convergencia a España

elmosquito.gifPor José Soriano

Como hemos venido insistiendo en este espacio y los subrepticios informes regulatorios nos están anunciando en toda la región, las grandes batallas sobre la futura regulación de las telecomunicaciones en España, en Europa y luego en todo el mundo, están aproximándose a la hora de la verdad, en la que los políticos deberán iniciar el proceso de toma de decisiones. Por eso, los operadores empiezan a exponer con impúdica claridad sus ambiciones e intereses, como lo ha hecho el primer viernes de junio la Corporación Telefónica en España.

Sin necesidad de voceros oficiales o extraoficiales, directamente, Telefónica, explicitó ayer su posición corporativa sobre la regulación de las nuevas redes de fibra óptica que todo el mundo está de acuerdo que será necesario construir con la máxima urgencia, para evitar que la mayor red de España colapse, quede en desventaja competitiva y descolgada de la carrera en pos de la Sociedad de la Información.

La megacorporación condicionó la inversión necesaria para que su sistema siga funcionando, a una regulación favorable a sus intereses. Con declaraciones de prensa, presiona al Estado y la opinión pública pretendiendo excluir del mercado de última milla a las redes de televisión por cable, que ya tienen la infraestructura instalada y lista para operar en el nuevo escenario.

El grupo explicita que quiere un cambio radical en la regulación actual, que le obliga a ceder la red a sus rivales al precio que establezca la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España.

Para los nuevos tendidos de fibra óptica que deberá hacer, Telefónica “acepta” una regulación que la obligue a abrir su red a los competidores, “pero sólo” en aquellas zonas –especialmente (o exclusivamente) rurales y poco pobladas– donde no exista ninguna infraestructura alternativa (es decir las redes de cable).

Sin embargo, en aquellas regiones donde sí cuente con rivales con redes propias (las redes de cable), quiere no estar obligado a cederlas. Como alternativa está dispuesta a llegar a acuerdos comerciales bilaterales de alquiler de sus redes, pero “sin imposición del regulador”. Es decir, que solicita que el regulador no aplique la neutralidad tecnológica y perjudique al usuario final disminuyendo la competencia real. Por si no lo entienden, condiciona las inversiones a que le renueven en “exclusiva” la patente de corsario real. Como siempre ha hecho, trata de sacar ventaja del desconocimiento público de que otras tecnologías están llegando que en caso de que Telefónica no realice las inversiones necesarias, la empujarán a ser sólo un comodity. Es decir, como la compañía de agua, un propietario de parte de la fontanería por la que fluya la red IP de múltiple propósito.

Mi mujer aquí a mi lado reflexiona sobre lo que digo en voz alta, diciendo “sabés que me parece que España no ha cambiado su forma de pensar la economía desde los tiempos de la conquista”. Es un problema de cultura. Antes, nobles comechados basaban el mercantilismo extractivo en el trabajo y esfuerzo encomendero de indios y milicia mora para traer el oro a las arcas reales. Hoy, ejecutivos exageradamente bien pagados, hacen lo mismo para los nuevos reinos corporativos, basándose en la especulación de capital, lobbie, presiones políticas, y fundamentalmente en la ignorancia de tirios y troyanos, entre los que destacan algunos políticos.

El encargado de transmitir el mensaje fue Antonio Viana-Baptista, el presidente de Telefónica España, la filial que agrupa el negocio español del grupo tanto en comunicaciones fijas como móviles y que supone el 37% de los ingresos y el 48% del ebitda consolidado. Según un estudio realizado entre 8 países europeos comparando las tarifas de 150 operadores, el acceso a través de banda ancha en España es de los más caros de la Unión Europea.

Viana, como ejemplo de la “buena voluntad” de la operadora para llegar a acuerdos con sus competidores, citó el proceso de llegada de los Operadores Móviles Virtuales (OMV),-en el que Telefónica elige a quién entrega el privilegio- una figura que ha sido impuesta por el regulador. Los tres operadores móviles con red ya han llegado a acuerdos privados con diez OMV y en ninguno de estos casos ha tenido que intervenir el regulador para arbitrar una solución de interconexión, aunque no mencionó las quejas de numerosos OMV al desarrollo del proceso sin reglas transparentes y a “discreción” del operador dominante.

Según Viana-Baptista, su exigencia está basada en que en 2006, Telefónica fue la responsable de la inversión de 2.300 millones de euros en redes de telecomunicaciones –tanto fijas como móviles– lo que supuso un 10% más que la suma del resto de las operadoras. En el primer trimestre del año Telefónica destinó 426 millones a inversiones en España, un 1% más que en 2006, mientras que destinó lo mismo a todos sus negocios en Latinoamérica.

Yo sé que pronto, voceros oficiales, extraoficiales e inocentes, saldrán a defender por anticipado y con argumentos similares los privilegios sobre el patrimonio de los peruanos que hemos concedido temporalmente.
Pero ¿es ético y moral que una corporación, cualquiera, esté por encima del Estado, que somos todos los ciudadanos? ¿Es ético y moral que no se piense antes en los derechos de los intereses de los usuarios? La regulación y las leyes deberían ser hechas para vivir en sociedad, con libertad y sin exclusiones para que no reine la ley del más fuerte, la del todos contra todos. Pero…usted dirá.

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